En segundo de carrera se produjo uno de los acontecimientos decisivos de mi vida personal y de escritor: me hice amigo de Antonio Orejudo. Hasta hoy. Un día se presentó con una gabardina en la que llevaba oculto un libro de un autor del que jamás había oído hablar: Carlos Pujol. Cuando acabé Jardín inglés me dije: ¡este tipo no puede ser español! Compararlo con lo que se escribía en España era como mezclar armagnac con anís Machaquito. Frente al humor, la ironía, la elegancia y la inteligencia de Pujol, casi todo raspaba en la garganta, de Cela a Pombo, de Umbral a Benet. Basta decir que aquí, en 1983, era difícil que se entendiera algo tan simple como Me gusta ser una zorra, de Las Vulpes: para explicarlo tuvo que intervenir, no sólo el didáctico y filantrópico periódico ABC, sino hasta la Fiscalía General del Estado y el propio Parlamento.
Años después conocí a Pujol y le dije que Jardín inglés parecía una versión de la Pimpinela Escarlata, situada en la guerra civil española y contada por P.G. Woodehouse. «Claro, es evidente: por eso nadie me lo ha dicho antes». «¿Será por no señalar lo obvio?», pregunté. «No te quepa duda, muchacho». Poco después publiqué una novela en la que el protagonista comete una vileza para salvar a su hija. Me regañó como me merecía: «¿No te parece un poco … idiota? Si al menos lo hubiera hecho por un motivo más humano.» «¿Cómo cuál?» «Por dinero, muchacho, por dinero: así te habría quedado mejor». Tenía razón, porque él escribe con personajes que se rinden por cobardía o codicia, esos tipos que son como nosotros: más complicados por dentro que por fuera.
Siempre le agradeceré a Orejudo el descubrimiento de uno de los escasos autores españoles que no necesita escribir a gritos para que se le escuche. Ese año decidimos ser de mayores Carlos Pujol: quizá por eso aquella noche de diciembre nos fuimos tan temprano a casa y nos salvamos. Los que se quedaron en Alcalá 20 encontraron una muerte espantosa, pero muy española: 81 muertos y a los propietarios sólo les condenaron a dos años de cárcel. El Estado tardó más de catorce años en pagar las indemnizaciones.
